Por parte de los Grupos de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Jefatura Superior de Policía de la Rioja, se inició una investigación como consecuencia de haberse recibido denuncias de mujeres de toda la geografía española en las que se sentían estafadas tras haber contactado vía Internet o correos electrónicos con una empresa de la Web.

La mecánica de la estafa consiste en anuncios en páginas Web, en los que se oferta trabajo a mujeres, como teleoperadoras en líneas eróticas y de exhibición pornográfica para conseguir llamadas a líneas de tarificación adicional, prefijos 803, 806 y 902 de larga duración y alto coste y requiriendo posteriormente a las futuras víctimas copias de su D.N.I. y una cuenta bancaria, donde hipotéticamente se ingresarían sus ganancias por la actividad realizada.

A continuación, se les indica que contraten las líneas de telefonía móvil en diferentes operadores, con las que realizarían su trabajo, y esas líneas contratadas se domicilian en cuentas bancarias facilitadas por los estafadores. Estas cuentas bancarias pueden ser falsas o sin saldo, por lo que las facturas revierten finalmente sobre el titular que las contrató (la víctima).

Con diferentes pretextos, tales como la activación del teléfono, o errores de conexiones técnicas, obligan a realizar llamadas a los números de tarifación adicional, por largos periodos de tiempo que generan abultadas facturas, con la confianza de que el importe de las llamadas se cargaría en las cuentas facilitadas por los estafadores.

Los datos de algunas víctimas, nombre, teléfonos, direcciones de correo, han sido utilizados para facilitar o encubrir estafas a otras víctimas, y posiblemente con estos datos se hayan contratado líneas telefónicas o cuentas de correo electrónico de forma fraudulenta.

Durante el desarrollo de la investigación, se han relacionado diversos asuntos denunciados a lo largo de la geografía española.

Por ello, y tras la oportuna autorización judicial, se efectuó el registro domiciliario de los detenidos, ocupando diversos efectos informáticos y documentos que hay que estudiar para observar nuevas relaciones con otras posibles perjudicadas.

Una vez concluidas las diligencias policiales, fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial, quien dispuso su ingreso en el centro penitenciario. Es de interés que toda persona que haya sido víctima de este tipo de hechos se ponga en contacto con la Comisaría de Policía más cercana a su domicilio o lugar de residencia.

Fuente: eleconomista.es





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