El juez considera que Dotcom ha cumplido hasta la fecha con las órdenes judiciales y "no ha habido abuso de confianza"
Un tribunal neozelandés ha permitido hoy al fundador de Megaupload, Kim Schmitz o Dotcom, volver a su lujosa mansión, donde continuará su libertad condicional durante el proceso de extradición a Estados Unidos por supuesta piratería. Se trata de una de las medidas tomadas por el juez David Harvey del Tribunal del distrito de Auckland para flexibilizar las condiciones de su libertad condicional y la de otros tres exejecutivos detenidos en esa misma mansión el pasado enero. “Estoy realmente contento por la decisión. Voy a cumplir con todo lo que requiere la corte”, expresó Dotcom.
Según esta decisión, Dotcom y el alemán Mathias Ortmann, cofundador de Megaupload, el también alemán Fin Batato, responsable técnico; y el holandés Bram van der Kolk, jefe de programación, ya no requerirán ser vigilados electrónicamente. El juez consideró que éstos han cumplido hasta la fecha con las órdenes judiciales y “no ha habido abuso de confianza” y además, Dotcom no representa un peligro de fuga. Pero los cuatro informáticos deberán entregar sus pasaportes a las autoridades locales, tienen prohibido intentar obtener documentos para salir del país y están obligados a informar a la Policía, informó la agencia local APNZ.
Desde que fue puesto en libertad en febrero pasado, Dotcom ha logrado que la justicia neozelandesa le otorgue mayores concesiones, entre ellas el poder pasar más tiempo en los estudios de grabación en el centro de Auckland para grabar un álbum de música. Dotcom también está a la espera de la decisión del Alto Tribunal de Auckland para revisar la orden utilizada para confiscar todos sus aparatos electrónicos en enero pasado.
Dotcom y los tres informáticos detenidos en Nueva Zelanda afrontan en agosto próximo un juicio de extradición a Estados Unidos, país que quiere juzgar a siete ejecutivos de Megaupload por diversos delitos de piratería informática, crimen organizado y blanqueo de dinero. Megaupload, clausurado durante la operación policial, está acusado en EE UU de daños a la propiedad intelectual por valor de 500 millones de dólares (399 millones de euros) y de haber recaudado de manera ilícita más de 175 millones de dólares (140 millones de euros).
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