La compañía Ares Rights ha logrado forzar el cierre del servidor Fooget
Según la compañía, el servidor, hospedado en Holanda, contenía aproximadamente el 6 por ciento de las películas ilegales descargadas en español.
Ares Rights ofrece una solución denominada FileNotFound, para el control de contenidos ilegales protegidos con derechos de autor en Internet. Se basa en la eliminación de la fuente de la vulneración, el archivo ilegal, no en el cierre de espacios web que enlazan descargas o ofrecen ‘streamings’ online.
Según la compañía, la solución funciona al 100% y todas las fuentes son eliminadas de los espacios donde son alojadas, dejando tras de sí miles de websites repletos de enlaces huérfanos y no funcionales, obligando al consumidor a realizar búsquedas mas específicas e infructuosas.
La compañía opera de forma oficiosa por cauces legales, antes de que se inicie un proceso judicial, por petición de productoras o distribuidoras de películas y series de televisión. Se encarga de eliminar directamente y de solicitar y forzar a los responsables de alojar los contenidos protegidos, eliminando contenidos en tiempo real.
El fundador de Ares Rights, Jonathan Palmas, ha informado del que quizá sea el mayor logro de la compañía: la caída del servidor Fooget, que según la compañía alojaba aproximadamente el 6 por ciento de las películas y series que se descargaban en español fuera de páginas y tiendas online legales.
Estos datos corresponden a los informes internos de Ares Rights correspondientes al tráfico entre el 9 y el 28 de marzo. Dichas películas se podían encontrar en páginas como peliculasyonkis o Mercapelis. Ares Rights ha elaborado esta estimación haciendo el seguimiento concreto de algunas de las películas más taquilleras que se podían encontrar en Fooget y comparándolas con las cifras de Freakshare, Mediafire, Netload, Rapidshare, Share-online y Uploaded, entre otros.
La compañía no ha hecho público el nombre de las productoras o distribuidoras para las que trabaja, ni los títulos por cuyos derechos ha velado, pero ha informado de que se trata de películas “de primer orden” y “oscarizadas”. También ha hecho referencia a un importante lanzamiento en DVD, del cual Fooget alojaba 613 archivos diferentes en el periodo anteriormente citado, justo tras su lanzamiento.
FORZANDO EL CIERRE
En un primer momento, Ares Rights solicitó la eliminación de los archivos y ha denunciado que aproximadamente pasado el 9 de marzo, Fooget comenzó a ignorar las peticiones, manteniendo sus archivos. Fue en ese momento cuando la compañía comenzó a replantear su estrategia.
Palma ha informado de que han puesto en marcha una estrategia de hechos consumados y probados sobre la actividad ilegal, adecuándose a cualquier norma jurídica requerida por la compañía que hospedaba en Holanda el servidor Fooget, hasta que, obviamente, el Hosting ha tenido que ceder .Fooget protegía su dominio a través de una compañía de Denver, EE.UU.
Según ha explicado, se trataba de un servidor de “reciente creación”, que “de un año a ahora ha ido ganando notoriedad”. Fooget “aguantaba contenido más tiempo” que otros servidores similares y tenía un sistema por el que “pagaba a usuarios por subir los archivos”. En este sentido, asegura que también “estaba involucrado en un tema de no pagar a gente que subía los contenidos”.
Ares Rights se fundó hace tres años y explica que su forma de trabajar es “completamente artesana”. Por otro lado, Palma ha explicado que, nunca tuvo problemas para regular los contenidos de Megaupload, cerrada por el FBI precisamente por, presuntamente, ser un entramado ilegal que se aprovechaba y propiciaba de este tipo de explotación de contenidos.
El fundador de Ares Rights ha defendido este sistema para combatir la piratería, en lugar de buscar cerrar páginas que enlazan contenidos, como prevé la denominada Ley Sinde-Wert, de “de muy difícil aplicación”. “¿Llega la regulación a sites en países sin regulación y administradores no emplazables?”, se ha preguntado. Además, “debe estar muy medida, porque se pueden vulnerar derechos fundamentales”.
Fuente: eleconomista.es
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