“Es vital que la policía y los servicios de seguridad sean capaces de obtener datos de comunicaciones en ciertas circunstancias para investigar crímenes serios y terrorismo y para proteger al público”, dijo un portavoz del ministerio.
La ley propuesta ya ha provocado fuertes críticas desde dentro de las propias filas del oficialista Partido Conservador, como una invasión a la privacidad y a los derechos personales.
“Lo que el Gobierno no ha explicado es precisamente por qué quiere escucharnos furtivamente a todos sin ir siquiera a un juez por una orden de cateo, que es lo que siempre solía ocurrir”, dijo a BBC News el miembro del Parlamento David Davis.
“Es una extensión innecesaria de la capacidad del Estado de espiar a la gente común”, agregó.
Se espera que la nueva ley sea anunciada en el discurso que será pronunciado por la Reina Isabel II de Inglaterra en mayo, en el que establecerá la agenda legislativa.
Actualmente, las agencias británicas pueden monitorizar llamadas y correos electrónicos de individuos específicos que podrían estar bajo investigación tras obtener la aprobación ministerial, pero la expansión a toda la ciudadanía ciertamente enfadará a los activistas por las libertades civiles.
Se pedirá a empresas proveedoras de Internet que instalen equipamientos que permitan al Cuartel de Comunicaciones del Gobierno, conocido como la agencia de “escuchas” electrónicas de Gran Bretaña, tener acceso en tiempo real a datos de comunicaciones.
La nueva ley no permitirá a la agencia acceder al contenido de correos electrónicos, llamadas o mensajes sin una orden de cateo, pero le permitiría rastrear con quién está en contacto un individuo o grupo, con qué frecuencia se han comunicado y durante cuánto tiempo.
El periódico Sunday Times, que informó primero sobre la historia, dijo que algunos detalles sobre las propuestas fueron entregados el mes pasado a miembros de la Asociación de Proveedores de Servicios de Internet de Gran Bretaña.
Cualquier cambio propuesto a la legislación probablemente enfrentará una férrea oposición en ambas casas del Parlamento británico.
Una propuesta similar fue presentada por el entonces gobernante del Partido Laborista en el 2006, pero fue abandonado ante la fuerte oposición de los Conservadores y Liberal Demócratas, que son socios minoritarios en la coalición gobernante.
La legislación propuesta podría reflejar la Ley Patriota de Estados Unidos, introducida controversialmente seis semanas tras los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001 en ese país, para expandir la autoridad del Gobierno para monitorizar las actividades de comunicaciones de sus ciudadanos.
Fuente: elEconomista.es
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